Vertidos de aguas residuales y obras son las principales infracciones, todas leves.

En general, el estado de los ríos que forman parte de la cuenca gestionada por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil «es bueno», tal y como confirmaron fuentes del organismo hidrográfico. No obstante, existen problemas puntuales vinculados, especialmente, al mal estado de los sistemas de tratamiento de aguas residuales de poblaciones o a la actividad minera que ponen en peligro el cauce acuático y obligan a los técnicos de la Red de Control del Estado de las Masas de Agua y de la guardería fluvial a llevar a cabo controles regulares que en muchos casos terminan en una sanción económica. A lo largo del año que acaba de terminar, la Miño-Sil resolvió 68 expedientes sancionadores, un 26% menos que en el 2011, cuando se contabilizaron 86 multas por vertidos, obras ilegales y desviaciones mayoritariamente.

Así, las agresiones a los ríos en la comarca berciana siguen una tendencia descendente que se ha visto favorecida principalmente por la reducción de las obras. En el año 2011, las sanciones por trabajos que se realizaron sin la pertinente autorización y dañaron o modificaron el cauce fueron 42, una decena más que las registradas a lo largo del 2012.

El informe remitido por la Confederación Hidrográfica Miño-Sil confirma además que los vertidos de aguas residuales y las obras están en el orígen del 88% de las sanciones económicas. Y siguen siendo las administraciones locales las más infractoras al respecto, por cuestiones vinculadas a sus sistemas de depuración. El pasado año, 28 de los 68 expedientes respondieron a algún tipo de vertido.

En cuanto a la calificación de los delitos, todos fueron de carácter leve o de gravedad comedida, por lo que la multa económica puede oscilar entre los 10.000 y los 50.000 euros en los casos menos graves y llegar, como máximo, a los 10.000 en las infracciones de carácter leve. Es preciso retroceder hasta el año 2009 para encontrar el último delito muy grave, el vertido al embalse de Peñarrubia, que tiñó las aguas del Sil hasta Valdeorras. Entonces, la sanción rondó los 700.000 euros. Una cantidad que entra dentro de baremo aplicado para infracciones de alta gravedad, por las que se existe el pago de 500.000 a un millón de euros.

Cúa y Silva, los afectados

Los cauces más afectados por los problemas puntuales que ponen en riesgo «la excelente calidad del agua de los torrentes que nacen en las laderas de la Cordillera Cantábrica y en La Cabrera» —explicaron fuentes de la Confederación— son los correspondientes al río Cúa, en el entorno de la cuenca minera —un constante en el listado de puntos negros—, y al río de la Silva, aguas arriba de Torre del Bierzo.